Un grupo de empresarios que explota el negocio de “tragamonedas” denunciaron que la empresa iCrop SA se alza con millonarias ganancias a costa de ellos, mediante un contrato directo que le otorgó la Conajzar, por lo que piden intervención de autoridades del Gobierno. La empresa defiende su trabajo y asegura que ahora se está controlando a quienes explota este juego de azar y además, se está llevando a cabo un censo de ellos.
Los trabajadores se concentraron esta mañana frente a la sede de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y luego en caravana, se dirigieron al Congreso a reunirse la senadora Esperanza Martínez, presidenta de la comisión de Hacienda, confirmó Lorena Rojas, vocera de los manifestantes.
En conversación con los afectados, todos coincidieron en apuntar que se trata de un negociado de Conajzar con la excusa de regularizar la modalidad de juego de azar. La institución, presidida por José Ortíz, contrató de forma directa a la empresa iCrop, representada por Humberto Acuña, para controlar y fiscalizar los negocios que tiene como actividad secundaria el juego de azar “tragamonedas”, según se explicó.
“Desde este año aparecieron empleados de la empresa a exigir que paguemos G. 300.000 por máquina y si no lo hacemos, nos incautan la máquina ”, dijo Rubén Duarte, propietario de varias máquinas electrónicas de “tragamonedas” que se encuentran en diferentes comercios de la ciudad de Ñemby.
Agregó que no se explica que se atribuya esa función a la compañía porque que se trata de una competencia de las Municipalidades. En el caso de Ñemby, indicó que paga G. 120.000 por máquina a dicha empresa y como comprobante recibe un ticket y una calcomanía que se coloca en el aparato. Aclaró que junto con los colegas no se oponen a que se controle y regularice, sino que están en contra del excesivo monto y el actuar que consideran extorsivo.
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