Por supuestas cargas ficticias, la Contraloría Ciudadana presentó ayer la denuncia 54 contra los concejales, directores municipales, funcionarios y empresarios vinculados con la Municipalidad.
La denuncia está basada en el informe del interventor Ramón Ramírez y refiere un millonario perjuicio de más de 3,5 millones de dólares entre el año 2019 y agosto 2025 a las arcas de la Comuna local, conforme con el escrito presentado ante el Ministerio Público.
Los hechos se estarían encuadrando con delitos como producción de documentos de contenido falso, producción inmediata de contenido falso y uso de documentos de contenido falso. El abogado Víctor Enriquez, del gremio denunciante, reveló que ya el año pasado habían iniciado una investigación de este hecho, pero que habían frenado por la falta de reciprocidad del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados.
Según la denuncia, se registraban cargas de combustibles en comisarías locales, pero un informe de la Policía Nacional confirmó que esos abastecimientos nunca existieron. Además, las firmas y sellos utilizados son falsos y los vehículos que figuran con sus chapas no corresponden a los de la Policía Nacional, lo que configura hechos punibles de acción penal pública.
El esquema involucra al ex intendente destituido por corrupción, Miguel Prieto Vallejos, concejales municipales y miembros de su Gabinete.
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