Sin embargo, la jueza González Orrego pretende, según el denunciante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, “cambiar la esencia y naturaleza jurídica del presente juicio de deslinde”, acusando que la magistrada atropella la seguridad jurídica impulsando un “fraude procesal”, porque aduce que la jueza en forma venal “recomienda que se considere como juicio voluntario de mensura el presente juicio contencioso de deslinde”. Tal actitud de favorecer a los demandados en el juicio de deslinde, entre ellos el “Puerto Narco”, se tradujo en el proveído de la jueza González Orrego del 24 de mayo pasado, donde dispuso retrotraer el juicio de deslinde e ignorar la mensura judicial llevada a cabo, con todas las actuaciones firmes y ejecutoriadas, preclusas, reconocidas y consentidas pasadas bajo autoridad de cosa juzgada, “actuando abiertamente la juez recusada ignorando la ley con notoria parcialidad manifiesta en favor de las partes adversas subvirtiendo el debido proceso y violando las garantías constitucionales del debido proceso”. Es la misma magistrada que ahora es acusada de un atropello al Derecho retrotrayendo en forma arbitraria un juicio de deslinde al inicio del proceso mismo, pese a que ella misma venía dirigiendo el juicio, favoreciendo así a los demandados, según la denuncia de Alberto Ramírez Alvarenga, con residencia en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, y propietario del terreno lindero con Puerto Fénix, el “Puerto Narco” así llamado por los navegantes del río Paraguay, porque sería utilizado por los narcotraficantes para embarcar a escondidas en los contenedores de exportación, drogas prohibidas a países vecinos y de ultramar, según se documentó en forma profusa en los medios de prensa.
Puerto Fénix, con su centro logístico a orillas del río Paraguay en Mariano Roque Alonso, al norte de Asunción. Uno de los propietarios linderos del “Puerto Narco” lleva adelante un largo juicio de deslinde de más de 5 años.
La jueza Karen Leticia González Orrego, del fuero civil y comercial de la Capital, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el marco de un juicio de deslinde por una resolución en la que retrotrae al inicio todo el proceso, con lo cual favorece la posición de los demandados entre los que figura el Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso, sobre el río Paraguay, más conocido en la jerga naviera como “Puerto Narco”.
La denuncia fue presentada por el propietario de la finca N° 3.960, que es un terreno que linda al norte del Puerto Fénix, en un juicio que lleva más de 5 años y dentro del cual ya habían sido diligenciados los trámites de rigor previos a la sentencia de deslinde, entre ellos la mensura judicial con la intervención de la misma municipalidad, el INDERT y hasta la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, la jueza González Orrego pretende, según el denunciante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, “cambiar la esencia y naturaleza jurídica del presente juicio de deslinde”, acusando que la magistrada atropella la seguridad jurídica impulsando un “fraude procesal”, porque aduce que la jueza en forma venal “recomienda que se considere como juicio voluntario de mensura el presente juicio contencioso de deslinde”.
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