JUAN E. O’LEARY, Alto Paraná. Francisco Amarilla (PLRA), exintendente de este distrito, fue denunciado ante la fiscalía por supuestas irregularidades en la ejecución presupuestaria del año 2019. La Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas tras hallar fuertes indicios de malversación de fondos y falta de documentos respaldatorios. El caso también fue comunicado a la Contraloría.
Las presuntas irregularidades se dieron a conocer luego de que en un dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto se recomendara el rechazo de la rendición de cuentas. El actual intendente, Everaldo Acosta (ANR), comentó que los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público de Yguazú y esperan ser llamados a declarar. “Yo creo que la próxima semana vamos a tener novedades al respecto”, indicó, al tiempo de mencionar que ayer fueron remitidas a la Contraloría General de la República las documentaciones para la investigación correspondiente.
Según la resolución del pleno, Amarilla cometió una serie de movimientos sospechosos en el uso del dinero público. En uno de los puntos, los ediles refieren que Amarilla habría malversado fondos del Fonacide, específicamente G. 55 millones. Este dinero fue enviado a la cuenta corriente de recursos propios de la Comuna, del banco Continental, a fin de compensar parte de un saldo negativo de G. 75.148.924.
En otro caso, usó G. 101.264.510 de un préstamo bancario de G. 150 millones que debían ser destinados exclusivamente para el pago de salarios a funcionarios y concejales. El exintendente pagó el referido monto, según consta en el dictamen, a Francisco Gómez por la finalización de la construcción del polideportivo. “Esta obra estaba siendo financiada con otro préstamo y las obras complementarias del polideportivo debían costearse con los royalties”, explica el informe.
Por otra parte, se menciona que se pagó por servicios de publicidad en reiteradas ocasiones y a varios proveedores el monto total de G. 22.900.000, sin que se haya realizado la licitación correspondiente. También se ha detectado el uso de los recursos de royalties por G. 187.558.000 para el pago de funcionarios contratados que no tienen relación con alguna inversión llevada a cabo por la Comuna, “lo que no está permitido por la Ley 3.984/10”.
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