La denuncia presentada contra el intendente de Lambaré, Armando Gómez, nunca tuvo relacionamiento con objetivos electorales, sino que el fin es determinar el destino de los casi G. 11.000 millones cobrados en concepto de impuestos inmobiliarios y que no han aparecido, aseveró el concejal Daniel Molinas.
“El circuito cerrado estuvo apagado desde el sábado a la mañana hasta el lunes a la mañana. Presuntamente se sacaron documentos a través de la Dirección de Tránsito, cuya oficina está en la parte de atrás de la municipalidad”, manifestó Molinas en comunicación con La Unión.
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En ese orden, mencionó que, de acuerdo a datos que ha recogido la Fiscalía, serían documentos de tesorería de la Comuna los que fueron retirados de manera clandestina.
El edil subrayó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra el intendente lambareño, Armando Gómez, luego de que les fuera entregado un informe del Ministerio de Hacienda en el que se detallaba que la comuna debía cerca de G. 11.000 millones en concepto de catastro.
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