El hackeo a las cuentas del Gobierno paraguayo, admitido por las propias autoridades brasileñas (marzo de 2025), fue la razón invocada por el actual Gobierno paraguayo para declarar la suspensión de las negociaciones del Anexo C de Itaipú. Negociaciones que, según adelantó el embajador brasileño, João Carlos Marcondes, debían culminar a finales de mayo.
Con esta decisión, la renegociación permanece en un ciclo de interrupciones que dilata indefinidamente la definición de un nuevo marco financiero. No obstante, lo más relevante de este episodio es que abre la oportunidad para denunciar los abusos y arbitrariedades cometidos en torno al uso –y abuso– de los denominados gastos sociales y para impulsar su derogación del presupuesto de la binacional, por tratarse de asignaciones que contravienen el espíritu y la letra del Tratado.
En esencia, el Anexo C define cómo se financia Itaipú y cómo se reparte el costo de la electricidad entre ambos países. Establece criterios para el pago de la deuda de construcción, los gastos de operación y mantenimiento, el cálculo de la tarifa de la energía, así como la distribución de los royalties y la compensación por cesión de energía, es decir, el pago que Brasil realiza cuando Paraguay transfiere su excedente energético.
En agosto de 2023 se cumplieron 50 años de la entrada en vigor del tratado, plazo previsto para la revisión del Anexo C, que coincidió con la finalización del pago de la deuda contraída con Eletrobras.
Pese a que el principio costo igual a tarifa era vinculante, la tarifa se mantuvo artificialmente elevada, incluso cuando los costos reales se reducían. El pago de la deuda (28 de febrero de 2023) marcó un punto de inflexión financiero: hasta 2023, gran parte de los ingresos de Itaipú se destinaban al servicio de esa deuda. Con su extinción, y con una mirada retrospectiva a las tarifas fijadas anualmente, queda demostrado que la entidad binacional no respetó el principio de costo = tarifa.
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