La vivienda es una necesidad básica y un derecho humano. Sobre esta premisa se analizan y diseñan políticas públicas de soluciones habitacionales.
La Organización de las Naciones Unidas conceptualiza el déficit habitacional como una situación en la que la oferta de vivienda adecuada (stock o parque habitacional del que dispone un país, ciudad, región o territorio) es insuficiente al nivel de demanda generada por las necesidades de habitación de la población.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que los gobiernos de América Latina destinan, en promedio, entre el 1% y 2% de su producto interno bruto (PIB) al financiamiento de programas de viviendas. En Estados Unidos la inversión llega al 0,6% del PIB y en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se sitúa en el orden del 1% de su PIB.
En las últimas dos décadas, los países de la región han empujado varios modelos estratégicos y recursos para reducir su déficit habitacional. Brasil, Argentina,
Colombia, Perú, Chile y Paraguay han entregado, según datos del BID, aproximadamente 6 millones de unidades de vivienda a personas de bajos recursos.
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