Mediante la intervención de la defensora pública Carla Mazó, varias personas lograron acceder a camas de terapia intensiva.
Ello fue posible gracias a la presentación de recursos de amparo constitucional y la solicitud de medidas de urgencias, siete pacientes con Covid-19 . Los afectados obtuvieron en diferentes sectores públicos, privados y previsionales, camas de internación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
A través de estas medidas, se dispuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a pagar los gastos de terapia intensiva y medicamentos de los pacientes con COVID-19, que se encuentran hospitalizados en un sanatorio privado.
Todos los amparos presentados ante el Juzgado tuvieron resultado favorable con la orden del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 6.725/2011, “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales y la adquisición de medicamentos esenciales”.
En consecuencia, se dispuso a continuar con la internación de los siete pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, librando oficio tanto al sanatorio como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a IPS para su inmediato cumplimiento.
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