La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a la recusación planteada por la defensa de exconcejal departamental César Quevedo Isnardi en contra los magistrados Juan Carlos Benítez, Julio César Cabañas y Álvaro Justo Rojas miembros del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción judicial de Amambay; en la causa por Tráfico y tenencia de estupefacientes asociación criminal y resistencia.
Previamente, los magistrados recusados coincidieron en que no se detallan los motivos graves que pudieran afectar la imparcialidad e independencia de este Magistratura, situación que torna inadmisible la recusación así planteada. “Resulta evidente que la presente recusación deviene notoriamente improcedente y dilatorio, por lo que, considera oportuno mencionar que en la presente causa se volvió una práctica común de los representantes de la defensa de los procesados, presentar recusaciones infundadas y dilatorias como la presente recusación, con la evidente intención dilatoria”.
En unanimidad de los miembros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, señalan que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador.
“Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia”.
Para sostener la fundamentación coincidente se trae a la vista lo dispuesto en el o, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.”-
Leer la nota completa en Amambay News
