La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados.
Los Gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas financieras de emergencia para respaldar su respuesta a la pandemia de COVID-19. Una pregunta que ha surgido en los debates sobre políticas es: ¿la partida de sueldos del sector público, que representa alrededor del 8 % del PIB y el 30 % de los gastos gubernamentales a nivel mundial, debería reducirse para financiar en parte esta respuesta de emergencia? Los Gobiernos de Brasil y Uruguay, por ejemplo, están estudiando disminuir los salarios del sector público, y en Montenegro se ha suspendido el pago de algunas prestaciones que reciben...
En diversos países, los trabajadores públicos son un grupo privilegiado. Tienen protecciones laborales, y en promedio reciben salarios un 20 % superiores a los que ganan su pares en el sector privado. Por lo tanto, resulta tentador para los encargados de formular las políticas y el público en general pensar que los trabajadores públicos tienen que sacrificarse por el bien común. Sin embargo, esa decisión debería fundamentarse en las consideraciones siguientes.
En primer lugar, el sector público es un empleador importante, y proteger todos los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad en este momento. El Banco Mundial estima que en el mundo los empleados del sector público representan alrededor del 15 % del total de trabajadores y el 30 % de los trabajadores asalariados. Cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral generará un impacto significativo. La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse.
La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección.
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