Wendy Marton – @WendyMarton
El Presupuesto para el próximo año aprobado por el Congreso Nacional asciende a USD 13.560 millones, y contempla incrementos salariales para los ministerios de Educación y Salud, ANDE, INC, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, entre otros. Las subas salariales totalizan USD 87 millones, mientras que los gastos sin financiamiento suman USD 40 millones.
Esta decisión tomada por los parlamentarios en medio de las internas partidarias y con miras a las elecciones generales del 2018 provocó que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) ascienda al 1,7% del PIB, por encima del rango establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, equivalente al 1,5% del PIB.
Además del incremento salarial para varias instituciones, que vuelve más rígido el plan de gastos estatal, la decisión de la Corte de excluir a los socios de las cooperativas del pago del impuesto al valor agregado (IVA) repercutirá negativamente en los ingresos previstos para financiar los programas estatales.
Si bien el Ministerio de Hacienda ya baraja alternativas para que la Ley de Responsabilidad Fiscal se cumpla, como el veto parcial del Presupuesto o la reducción de fondos asignados a programas sociales, cualquier decisión que se tome afectará no solo a lo ejecutado por el gobierno de Horacio Cartes, sino al que asuma en agosto del próximo año.
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