El ciudadano que debió recurrir a la garantía constitucional es César Alberto Arévalos, procesado por estafa. El pedido fue presentado por la abogada Diana Gamarra. La resolución fue dictada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y el camarista Gustavo Ocampos, que integró la Sala Penal del Máximo Tribunal.
Según el pedido, César Arévalos fue procesado por estafa y el 22 de mayo de 2015, en juicio oral, fue condenado a la pena de cuatro años de cárcel, que debía ser compurgada el 7 de enero de 2019. Este fallo fue ratificado el 18 de marzo de 2016, por el Tribunal de Apelación en lo Penal.
Contra este acuerdo y sentencia, el defensor público Delio Vera planteó el recurso extraordinario de casación el 22 de abril de 2016.
Hasta ahora, a casi dos años y ocho meses de haber sido planteado el recurso de casación, todavía no fue resuelto por la Sala Penal de la Corte.
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