El ex senador liberal se encuentra recusado de participar en un proceso judicial donde están en juego US$ 500 millones en tierras, sin embargo en presunta contravención al artículo 31 del Código Procesal Civil, este tomó la determinación de, a través de una providencia, revocar otra anterior emitida por César Garay Zuccolillo para integrar la
El ex senador liberal se encuentra recusado de participar en un proceso judicial donde están en juego US$ 500 millones en tierras, sin embargo en presunta contravención al artículo 31 del Código Procesal Civil, este tomó la determinación de, a través de una providencia, revocar otra anterior emitida por César Garay Zuccolillo para integrar la Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de resolver los incidentes planteados ante la recusación de Ríos y César Diesel Junghanns.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos Ojeda, mediante otra providencia revocó una providencia emanada por el ministro César Garay Zuccolillo para la conformación de la Sala Constitucional al estar recusados Ríos y César Diesel. El ex senador liberal es miembro natural de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, pero se encuentra recusado para actuar en la causa donde están en juego tierras por valor de US$ 500 millones, sin embargo, con su nueva acción supuestamente estaría también vulnerando los principios del derecho procesal civil.
Según los antecedentes del caso, César Garay Zoccolillo dictó una providencia para que sus pares María Carolina Llanes Ocampos y Manuel Dejesús Ramírez Candia pasen a integrar la Sala Constitucional de la Corte en virtud a las recusaciones de Ríos y Diesel y así resolver los incidentes planteados en la causa donde la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, había sentenciado transferir 310 mil hectáreas de la zona de Seguridad Fronteriza a empresas offshore de paraísos fiscales.
Recordemos que dicha resolución judicial derivó en la expulsión de la magistrada Irún del Poder Judicial, sentenciada en primer lugar por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y confirmado luego por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Además, la ex jueza posteriormente fue procesada por el Ministerio Público por el presunto hecho de prevaricato.
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