El subcontralor general, Camilo Benítez Aldana (ANR), cuestiona la intención de administradores de instituciones estatales que a través de una interpretación constitucional eluden el control de cuentas públicas ejercido por la Contraloría General de la República. Cree que existe superposición de competencias entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas.
El subcontralor fue consultado sobre acciones de inconstitucionalidad que presentan ante la Corte Suprema de Justicia organismos del Estado para que sus respectivas rendiciones de cuentas sean controladas por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría General de la República.
El último caso conocido fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
–¿Qué factores impulsan a los organismos, entidades del Estado y municipalidades a recurrir mediante acciones de inconstitucionalidad la Ley 2248/03?
–Formalmente, porque algunos administradores públicos entienden que sus cuentas deben tener un respaldo de aprobación jurisdiccional; materialmente, la voluntad de eludir el control ejercido por la Contraloría General. Probablemente el imaginario colectivo aún considere que el control ejercicio por la Contraloría General podría tener un carácter extorsivo. Es por ello que esta administración, de la cual formo parte, está adoptando medidas correctivas y nuevas políticas en el ejercicio del control gubernamental.
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