El presidente de la Corte, Alberto Martínez , ordenó una auditoría a una causa de narcotráfico, para esclarecer las circunstancias en que 16 inmuebles que debieron pasar al Estado fueron a parar a nombre de terceros.
En una resolución dictada ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría inmediata al expediente de narcotráfico y el trámite registral ejecutado ante las oficinas de la Dirección de los Registros Públicos, en cumplimiento de la sentencia dictada en agosto del 2007.
Paralelamente, Martínez Simón ordenó la remisión de los antecedentes del caso al Ministerio Público, para la investigación correspondiente a los responsables de los hechos denunciados.
Las medidas fueron adoptadas a raíz de una denuncia presentada por la jueza penal de ejecución de sentencia María Teresa Ruiz Díaz.
Ruiz Díaz, quien fue designada para el cargo en julio del año pasado, se encontró con la sorpresa de que nada menos que 16 inmuebles de los 21 comisados al testaferro del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita, Leoncio Marecos, y su esposa Zulma Ríos de Marecos, están a nombre de terceras personas.
Leer la nota completa en Diario ABC
