El proceso licitatorio lanzado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para arrendar equipos electrónicos de voto por un monto estimado en US$ 34,1 millones quedó paralizado esta semana luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolviera poner en pausa el llamado ID 476307 ante una cadena de protestas formales.
La decisión se tomó tras la presentación de al menos siete denuncias y más de 120 consultas relativas al pliego de bases y condiciones, que varias empresas consideraron redactado con el propósito de beneficiar anticipadamente al Consorcio Comitia‑MSA, vinculado al entorno del presidente Santiago Peña.
Desde Miru Systems (Corea), Bypar SA y Smartline SA se advirtió que el documento presentó "múltiples indicios de haber sido diseñado para favorecer al Consorcio Comitia-MSA, restringiendo la libre competencia y vulnerando los principios de igualdad y transparencia".
La DNCP, mediante la resolución Nº 3454/25, dio curso a las protestas e incorporó las presentadas por Smartline al expediente que ya incluía a las otras firmas demandantes. Desde ese momento, se dispuso la suspensión inmediata del proceso para evitar que las ofertas sean abiertas sin resolver estas objeciones.
Por su parte, el TSJE reconoció haber recibido las quejas y señaló que las analizará en detalle. Según el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, si las protestas son admitidas, habrá que modificar el pliego antes de reactivar el procedimiento.
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