En su editorial del 2 de junio de 1973, La Tribuna rescataba el rol informador y orientador de la opinión pública, que desempeña la prensa nacional, al criticar (algunos medios), el Tratado de Itaipu. El periódico señalaba el manto de misterio que hubo desde los primeros tiempos respecto al tratado y la falta de informacion […]
En su editorial del 2 de junio de 1973, La Tribuna rescataba el rol informador y orientador de la opinión pública, que desempeña la prensa nacional, al criticar (algunos medios), el Tratado de Itaipu. El periódico señalaba el manto de misterio que hubo desde los primeros tiempos respecto al tratado y la falta de informacion precisa y coherente sobre el costo de la obra.
Nadie, bajo ninguna circunstancia puede dudar de la trascendental, tremenda importancia que tiene el Tratado de Itaipú, y no sólo para las generaciones del presente sino también para las del futuro, ya que sus términos iniciales van nada menos que hasta cincuenta años de la época actual. En el comienzo de las tratativas y hasta llegarse a la suscripción del Tratado, todo se cumplió -al menos en nuestro país- dentro de la más absoluta reserva.
Esto pudiera ser natural en cierta medida, dada la complejidad del tema, pero únicamente hasta llegarse a las tramitaciones finales. A partir de este momento, justo era que se hubiese dado a conocer aquello que sería el texto final del Tratado, sus Anexos y las Notas Reversales, para que la prensa, expertos y sectores legítimamente interesados pudieran hacer oír sus respectivos pareceres que, naturalmente, ningún otro objetivo habría de tener que no fuera el de llegar a un cuerpo que mereciese las menores objeciones posibles, antes de procederse a la suscripción del mismo.
Este Tratado fue elaborado, por parte de nuestro país, con la intervención de apenas cuatro personas, según lo manifestó el propio Canciller Nacional, pudiendo legítimamente extrañar que en tan importantes tareas no se hubiese dado intervención, aunque más no fuere en los instantes finales, a organismos técnicos implicados en el Tratado, como el Banco Central del Paraguay y la Secretaría Técnica de Planificación Económica.
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