Brasilia.-La violencia ha recrudecido en el litoral de San Pablo, región estratégica para el tráfico de cocaína hacia Europa a través del puerto de Santos.
Desde finales de enero, dieciséis personas han muerto en tiroteos con la policía, en el marco de la segunda fase de la operación Escudo.
La primera se desató a finales de julio del año pasado, tras el asesinato de un policía militar de San Pablo, Patrick Bastos Reis. Murieron un total de 28 personas. Esta vez, la nueva ola de violencia se desencadenó con el asesinato de otro policía militar, Marcelo Augusto da Silva, abatido el 26 de enero por delincuentes de la región en la autopista de Santos.
A partir de ese momento, la situación se agravó tanto que el Secretario de Seguridad Pública del estado de San Pablo decidió la semana pasada trasladar toda su oficina a Santos para controlar la emergencia directamente desde allí. Además, a pesar de las fiestas de carnaval, se ordenó a policías militares de otras ciudades del estado paulista que se desplegaran en el litoral y estuvieran preparados en cualquier momento si la situación se agravara. En la ciudad cercana a Santos, São Vicente, incluso se cancelaron el Carnaval y sus desfiles.
Junto con la violencia, también ha estallado la polémica. Las familias de los civiles muertos por la policía proclaman su inocencia, mientras que para el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, “ha habido graves violaciones de los derechos humanos” y se declaró “preocupado”.
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