El esquema corrupto detectado en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, que le costó el cargo y la libertad al director del penal y otros funcionarios, es una nueva evidencia de cómo están...
El esquema corrupto detectado en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, que le costó el cargo y la libertad al director del penal y otros funcionarios, es una nueva evidencia de cómo están las instituciones carcelarias en nuestro país. “Lastimosamente, hay tanto dinero que permea, las autoridades se corrompen y terminan respondiendo más a las bandas criminales que a la institución, este es un trabajo de alto riesgo”, expresó un tanto desconcertado el titular del Ministerio de Justicia, Ángel Barchini, sobre el caso.
No podemos olvidar que en los últimos años, la realidad penitenciaria de nuestro país estuvo minada de fugas, filtraciones de privilegios que están prohibidos, amotinamientos hasta denuncias de trato inhumano a reos. ¿Cómo ingresan armas, droga, cigarros, bebidas alcohólicas?, evidente complicidad de los funcionarios de las diferentes penitenciarías. Las requisas no son otra cosa más que un asalto a mano armada, se incautan objetos, drogas y demás insumos con fines muy oscuros, nadie explica qué destino tiene todo esto.
Hay que remarcar que este poder logístico para el ingreso ilegal es exclusividad de los peces gordos de la delincuencia de diferentes rubros. Los presos “comunes” deben sortear la suerte conforme las pautas que bajan los jefes malhechores que tienen la posibilidad (paradójicamente) de financiar sus libertades dentro de las cárceles. Todo en connivencia de quienes deben evitar estas acciones. Faltos de honestidad, tristemente las confiscaciones que ejecutan las autoridades penitenciarias se vuelven un show de nunca acabar. No hay planes ni estrategias que garanticen seguridad en las...
Los ministros de Justicia de turno deben improvisar movidas, destituciones, argumentos gastados como sumarios administrativos, pero la violencia, la corrupción siguen imperando. El sistema penitenciario es una bomba de tiempo con el modus operandi de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población recluida. No bastan las renuncias ni destituciones porque los funcionarios migran, pero los vicios de corrupción continúan arraigados.
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