Pedro Loblein, presidente del Instituto del Cooperativismo (INCOOP), detalló los cuatro puntos establecidos en el informe emitido el pasado fin de semana sobre la cooperativa San Cristóbal, la cual está siendo investigada por supuestos hechos de lavado de dinero. Políticos figuran en la lista de prestatarios que recibían importantes cantidades de dinero de la cooperativa. Aún no fueron elegidas las nuevas autoridades.
“El informe trata principalmente acerca de las operaciones, créditos y movimientos que tenía la cooperativa con empresarios socios. (…) Se encontró que se realizaron grandes concesiones de créditos a socios que no tenían capacidad de pago, que no reunían los requisitos. En la gran mayoría se hicieron refinanciaciones frecuentes, ya que no se pagaban los créditos y se volvían a refinanciar (…) Estos están todos identificados”, dijo Loblein en contacto con Nuestra Mañana por Unión TV y radio La Unión, afirmando que políticos figuran en la lista de prestatarios.
Indicó que son cuatro las medidas tomadas sobre la Cooperativa San Cristóbal: un plan de acción por 180 días con un corte administrativo, la remisión de todos los datos recabados que puedan servir desde el punto de vista penal a la Fiscalía, y el envío a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) de todos los reportes que dan cuenta de sospechas de lavado de dinero. Además, citó el sumario administrativo abierto a 27 funcionarios del ente, quienes ya fueron separados de su cargo de manera provisoria hasta que termine la investigación.
“El documento apunta a sanear y demostrar que nuestra institución toma medidas cuando se produce este tipo de hechos”, aseveró, añadiendo que esta investigación contra la Cooperativa San Cristóbal “no solo abarca a Juan Carlos Ozorio (exdiputado y expresidente del ente), sino a todos los que conforman la dirigencia, miembros del consejo y juntas de vigilancia son también responsables de lo había ocurrido”. “Queda a cargo de la Fiscalía el comprobar hechos irregulares”, aseveró.
Loblein aclaró que la intervención del INCOOP sobre esa institución continuará debido a que el pasado sábado no fue posible llevar a cabo la asamblea por la presentación de una medida cautelar. Sobre el punto, descartó que se esté produciendo una fuga de socios de esa cooperativa, aunque sí de ahorristas en un 33%. Además, rechazó la versión de que el ente esté sufriendo una crisis financiera y administrativa.
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