La Contraloría General de la República, que adquirió rango constitucional en 1992 para vigilar las actividades económicas y financieras de las entidades públicas, ha hecho muy poco en estos 26 años para cumplir con su importante misión, hasta el punto de que ella misma ha sido afectada por la podredumbre del sector público. Es sabido que allí se trafica con influencias para que cierre los ojos ante malversaciones o enriquecimientos ilícitos y que un par de contralores han sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Su propio titular, Enrique García, está imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, que habría perpetrado en su época de director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Es inadmisible que el Senado aún no lo haya destituido mediante juicio político, porque no tiene la autoridad moral suficiente para permitir que se eche un ojo al patrimonio de muchos legisladores que lo designaron como contralor o pueden destituirlo. En estas condiciones, la Contraloría se convierte más bien en un palo en la rueda antes que en un instrumento para combatir la corrupción.
La Contraloría General de la República, que adquirió rango constitucional en 1992 para vigilar las actividades económicas y financieras de las entidades públicas, tiene este año un presupuesto de más de 146.000 millones de guaraníes y unos 300 funcionarios. Como no está mal dotada en cuanto a recursos humanos y materiales, se habría podido esperar que cumpliera con su función de tal modo que el latrocinio y el derroche fueran minimizados. Es evidente, sin embargo, que en estos últimos 26 años ha hecho muy poco para cumplir con su importante misión, hasta el punto de que ella misma ha sido...
Es inadmisible que el Senado aún no lo haya destituido mediante juicio político, habiendo sido acusado por la Cámara Baja el 14 de marzo de este año por la comisión de delitos y mal desempeño de sus funciones. Su destitución es requisito ineludible para que pueda ser procesado por los hechos punibles antes referidos. Entretanto, García sigue al frente de un organismo que se ha dedicado en los últimos meses a cohonestar las actuaciones de personajes que, según todos los indicios, se han valido de un cargo público para llenarse los bolsillos. Si ya resulta escandaloso que quien debe velar por...
Uno de los beneficiados por la Contraloría es el exsenador colorado Óscar González Daher, recluido tras haber sido imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. En efecto, haciendo suyas las conclusiones de su propio perito e ignorando un informe clave de la Seprelad, el órgano dictaminó que “existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos” por el magnate luqueño que solo tenía una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, donde se le depositaba su dieta. Eso sí, creyó oportuno consignar que el susodicho –dueño de una...
El hoy senador colorado Javier Zacarías Irún también conoció la benevolencia de la Contraloría, pues el Ministerio Público desestimó una denuncia contra el potentado esteño por el delito de enriquecimiento ilícito, aceptando la opinión del organismo contralor de que el aumento “considerable” entre la primera declaración jurada de bienes (1.093 millones de guaraníes) y la tercera (2.747 millones), teniendo un ingreso promedio de 347 millones de guaraníes, ¡derivó de la compra de inmuebles “a través de una herencia familiar”! Felizmente, el Ministerio Público ha recapacitado y abierto una...
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