La oficina de Decretos y Leyes de la Presidencia de la República hizo las consultas pertinentes sobre el polémico proyecto que pretende la despenalización de las declaraciones jurada de bienes y renta. Objetó el artículo 1 del proyecto argumentando que es clara que la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas es un mandato imperativo de carácter constitucional obligatorio e ineludible para todos los sujetos obligados, por lo que no podría definirse por una ley de rango inferior como un simple acto administrativo.
La oficina de Decretos y Leyes de la Presidencia de la República hizo las consultas pertinentes sobre el polémico proyecto que pretende la despenalización de las declaraciones jurada de bienes y renta.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, a cargo del contralor Camilo Benítez, remitió un dictamen donde observa con preocupación la modificación de artículos de la ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución. Considera que si se promulga la documentación obrante en poder de la Contraloría, en los términos y condiciones definidos en la Constitución y las leyes de orden público aplicables, deba finalmente considerarse como meramente informativa y “sin consecuencia jurídica”.
Objetó el artículo 1 del proyecto argumentando que es clara que la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas es un mandato imperativo de carácter constitucional obligatorio e ineludible para todos los sujetos obligados, por lo que no podría definirse por una ley de rango inferior como un simple acto administrativo.
“Es inevitable establecer que las responsabilidades emergentes de la presentación unilateral y, por sobre todo, de la verosimilitud del contenido de las declaraciones juradas posean únicamente una naturaleza y consecuencias de carácter administrativo”. Enfatizó que hay incongruencias en los artículos 4 numerales 6 donde observa que es exiguo el plazo concedido a la CGR para la elaboración y publicación de dictamen de correspondencia de las declaraciones. Sostiene que lo aprobado no contribuye a la transparencia.
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