Augusto Paiva, subcontralor general de la República, y Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas de Bienes, visitaron los estudios de Unión TV y radio La Unión durante el programa Francamente y resaltaron los avances que ha tenido la institución en los últimos años bajo la gestión del contralor Camilo Benítez.
“Se ha avanzado bastante en lo que respecta a presentación de declaración jurada. A partir de 2013 se reglamentó la ley 5033 y día a día el sistema se fue actualizando hasta que en el año 2017 se presentó un pedido de todas las declaraciones juradas. La Corte resolvió que se publiquen las declaraciones juradas de las personas que hayan ocupado los más altos cargos de la República y ya en 2020 se ordenó la publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos”, dijo Paiva.
En ese sentido, destacó este último paso, afirmando que fue importante para que la misma ciudadanía se preocupe y realice denuncias al respecto. “La ciudadanía se empoderó y actuó también como contralora. Es importantísimo. Nos sirvió porque ampliamos la cantidad de exámenes de correspondencia. Además, porque no tenemos recursos humanos suficientes, teniendo en cuenta que son más de 300.000 funcionarios públicos y la ley manda”, resaltó.
Por su parte, Torres afirmó que también existe un sistema de control de los recursos transferidos desde el Poder Ejecutivo a las municipalidades y gobernaciones correspondientes a Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). “Hay un listado. En el Ministerio de Hacienda hay una dirección de gobernaciones y municipalidades que trabaja en concordancia con nosotros con relación a las transferencias”, expuso, señalando que esto también está al alcance de los ciudadanos y que, como son públicas, pueden verificarse online.
Además, citó que la Contraloría tiene a disposición de la ciudadanía la Dirección de Integridad y Anticorrupción, en donde “el ciudadano puede hacer denuncias anónimas, nosotros resguardamos eso y presentan documentaciones en que se observan que los municipios transfieren a las comisiones vecinales. Un equipo de la Contraloría va a verificar y, por ejemplo, no encuentra la obra pero se realizó el pago”.
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