En junio del año pasado, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, había presentado un urgimiento a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el juicio cuya sentencia definirá si las declaraciones juradas de las altas autoridades y funcionarios del Gobierno son o no información de acceso público.
Benítez Aldana afirmó estar a favor de que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, pero en vista de que está pendiente el desenlace del amparo en el Poder Judicial, indicó que esperará que se expida la máxima instancia judicial y luego obrará conforme lo disponga la sentencia definitiva de la máxima instancia.
“Esto me aflige, pero si yo tomo una decisión contraria, podrán decir que violé la ley y pueden pedir mi juicio político (...) Estoy presentando un urgimiento. La gente de la Corte ya me ha de odiar”, había dicho el contralor a ABC Cardinal luego de presentar el pedido.
Benítez Aldana asumió en reemplazo de García, quien renunció antes de ser destituido vía juicio político.
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