En lo que será un nuevo año de elecciones generales, el Congreso Nacional se autoexcluyó de cumplir con leyes claves que buscan ordenar y contener el gasto público, según el articulado ya sancionado del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Mediante el artículo 62 del documento, se estipuló que el Parlamento está exento de cumplir con la Ley de la Función Pública. Esta normativa señala que el concurso es la única vía para las promociones de cargo, los aumentos salariales, los contratos y los nombramientos.
Asimismo, los legisladores se autoexoneraron de cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto, con lo que podrán contratar a sus hermanos, primos y otros parientes en puestos claves. Estos apartados también benefician a entidades de cuestionada tarea, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros. Como este artículo fue aprobado por ambas cámaras, quedó automáticamente sancionado, ya no pudiendo ser modificado o eliminado en segunda vuelta. El senador Stephan Rasmussen cuestionó la...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora