La Sala Penal de la Corte declaró competente al juez de delitos económicos Humberto Otazú para tramitar la causa contra la exjuez civil Tania Irún, acusada por presunto prevaricato. La Cámara de Apelación había anulado la elevación a juicio y ordenó que se realice una nueva audiencia preliminar para estudiar la acusación. El litigio se […]
La Sala Penal de la Corte declaró competente al juez de delitos económicos Humberto Otazú para tramitar la causa contra la exjuez civil Tania Irún, acusada por presunto prevaricato. La Cámara de Apelación había anulado la elevación a juicio y ordenó que se realice una nueva audiencia preliminar para estudiar la acusación.
El litigio se originó debido a que tanto el Juzgado Penal de Garantías como el Juzgado Especializado en Delitos Económicos se declararon incompetentes para continuar con el proceso, lo que generó un vacío jurídico que debía ser atendido por
El conflicto surgió cuando la juez penal de garantías Diana Carvallo declinó su competencia argumentando que el caso correspondía a la jurisdicción especializada. Sin embargo, el juez Humberto Otazú, del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, también se apartó del expediente, señalando que el proceso había sido retrotraído para la realización de una nueva audiencia preliminar. Esta situación generó una competencia de competencia negativa, en la que ambos juzgados rechazaron su intervención en la causa.
Ante esta controversia, la Corte Suprema analizó los antecedentes del caso y determinó que, conforme a la Ley 6379/2019 y la Acordada 1406/2020, la competencia debía recaer en el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos. Dichas normativas establecen que este tipo de hechos punibles deben ser tratados dentro del fuero especializado en corrupción y delitos económicos, garantizando así un procedimiento acorde con la legislación vigente.
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