Conajzar reconoce que contrató a la empresa iCrop de forma directa para que cense y catastre las máquinas “tragamonedas” y que del canon que los locales pagan por ellas, solo 26% queda para el Estado y 74% va a la firma privada. El acuerdo, que no ha sido divulgado y ayer fue defendido por la institución, no evita que estos juegos de azar estén en la vía pública, al alcance de los niños.
Desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) defendieron ayer el contrato directo a iCrop, representada por Humberto Acuña, que se firmó en octubre del año pasado para realizar un censo y catastro de todos los aparatos electrónicos del país de este tipo de juego de azar. El acuerdo se fundamenta en la resolución N° 34/2020 con el cual la institución autorizó la “nueva modalidad” de explotación de máquinas tragamonedas en locales cuyas actividades principales no sean los juegos de azar.
Carmen Alonso, de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), integrante del Conajzar, indicó a ABC que existe un crecimiento indiscriminado de máquinas que funcionan sin control y que las mismas están expuestas a los niños y adolescentes, con los riesgos de que estos caigan en la ludopatía. Argumentó que con este nuevo sistema se podría conocer la cantidad de aparatos existentes en el mercado para tomar acciones al respecto.
Indicó que hace meses se hacen los trabajos con la firma de referencia, pero según los datos recogidos por ABC, esta compañía no goza de la confianza de los explotadores de tragamonedas. Días atrás, ellos denunciaron que al parecer Conajzar contrató a iCrop solo para que esta se quede con la mayor parte de las ganancias. Conforme a las declaraciones, cada año pagan a las municipalidades G. 100.000 por la patente comercial y ahora, Conajzar les obliga a pagar al mes G. 300.000 en concepto de canon y, de esa cifra, sólo se queda G. 80.000 para la institución del Estado (26%). El resto (74%)...
Según las denuncias, la empresa no solo censa, sino también se convierte en una suerte de regulador en el rubro, ya que en caso de resistirse a pagar el canon, iCrop denuncia a los locales ante la Fiscalía y las máquinas les son incautadas, aunque no estén cometiendo ninguna irregularidad, como por ejemplo, tenerlas en vía pública.
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