Durante más de tres horas, representantes de Banco Atlas respondieron -respaldados en la ley y documentos- cada uno de los intentos de ataque de la comisión “garrote” del Congreso, desmontando el relato cartista en torno a tres casos puntuales: Una propiedad supuestamente ligada al narcotraficante “Cabeza Branca”, el caso Leoz-Conmebol y el fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS). Miembros de la comisión ni siquiera leyeron la carpeta fiscal del caso Leoz ni averiguaron los antecedentes del caso que ellos denominan “Cabeza Branca”, y al quedar expuestos, se vieron obligados a convocar a otras entidades bancarias sobre las que finalmente recaerían las sospechas.
En representación de Banco Atlas comparecieron ante la comisión “garrote” del Congreso, el director del banco Atlas, Juan Carlos Martin y los abogados Jorge Vera, Carlos Arzamendia y Rodrigo Yódice, desde las 11:30 hasta pasadas las 14:40 respondieron cada una de las preguntas y expusieron documentos respaldatorios para cada uno de los casos con los que apuntaba la comisión “garrote”, que esta vez contó en varios tramos con la mayoría de sus seis miembros, con la única ausencia del diputado cartista Rodrigo Gamarra.
Las preguntas arrancaron con el caso de una propiedad en disputa con la empresa Biocombustible Brasilero (Biobras SA), que luego resultó siendo una propiedad comisada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Algo que destacó el director del Banco Atlas es que en ningún momento Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca” aparece ligado formalmente Biobras, por ende, incluso cumpliendo las debidas diligencias era imposible identificar algunas supuesta vinculación, ni tampoco tuvo trato alguno con la entidad financiera.
Martin empezó haciendo un relato documentado de la manera en que se concedió un préstamo de US$ 4 millones para labores propias de una empresa ganadera, concedido el 3 de noviembre de 2015, que tenía como garantía hipotecaria la propiedad ahora en disputa, que según las tasaciones realizadas tenia en ese momento un valor estimado de US$ 10 millones.
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