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El cartismo blinda a las ONG vinculadas a Horacio Cartes mientras acusa a otras de lavado de dinero. Un informe revela las inconsistencias en el financiamiento público de estas organizaciones y la protección a entidades cercanas al expresidente.
Esta semana, la comisión bicameral de investigación (CBI) dirigida por senadores del cartismo, como Dionisio Amarilla y Gustavo Leite, centró su atención en atacar a ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) consideradas “enemigas” del cartismo. Sin embargo, se generaron críticas sobre la protección que esta comisión otorga a entidades vinculadas al grupo económico del expresidente Horacio Cartes, como las fundaciones Ñande Paraguay y Ramón Telmo Cartes.
El plan del cartismo fue claro: enfocar la artillería contra aquellas ONG que critican o denuncian la gestión de sus aliados, y las investigaciones no parecen orientarse al lavado de dinero en sí, sino al financiamiento internacional que reciben. Esta postura fue respaldada por una campaña de desprestigio en redes sociales, que busca debilitar la credibilidad de las organizaciones y de periodistas críticos.
Entre 2013 y 2022, el Presupuesto General de la Nación transfirió aproximadamente USD 443.500 millones a ONG. Sin embargo, según los analistas, la comisión bicameral parece centrarse en un reducido número de entidades bajo sospecha, mientras que la mayor parte de las ONG inscritas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que ascienden a 1.600, no están siendo investigadas.
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