En julio último, un juez penal puso fin a nada menos que dieciocho años de chicanas y dispuso la apertura del juicio oral y público del exministro del Interior Walter Bower, acusado del crimen de tortura, junto con dos exoficiales de policía. Otros políticos, como Camilo Soares, Víctor Bogado, Enrique Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo, Milciades Duré, Carlos Núñez Salinas, también han venido demorando sus respectivas causas con sistemáticos incidentes dilatorios, con toda mala fe. Al tolerar o al demorar una decisión sobre las acciones promovidas por quienes desean evitar su juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia se convierte en un cómplice más de la situación. Es plausible, por tanto, que la diputada Rocío Vallejo (PPQ) haya presentado un proyecto de ley que modifica el art. 57 del Código Procesal Penal, buscando frustrar las pretensiones maliciosas de los encausados, pero ello servirá de poco si la judicatura no actúa con firmeza para impedir que se abuse de un modo flagrante del derecho a la defensa.
En julio último, un juez penal puso fin a nada menos que dieciocho años de chicanas y dispuso la apertura del juicio oral y público del exministro del Interior Walter Bower, acusado del crimen de tortura, junto con dos exoficiales de policía. Es decir, tuvieron que pasar casi dos décadas solo para que el susodicho sea juzgado por un Tribunal en lo Penal, porque durante todo ese tiempo interpuso sistemáticos incidentes dilatorios, con toda mala fe. Lo mismo han venido haciendo varios políticos sospechados de graves hechos de corrupción, como el exjefe de la Secretaría de Emergencia Nacional...
En ese mismo orden, y más bajo el influjo de la presión popular en busca de justicia, recién hace unos días se dispuso la apertura del juicio oral y público de los senadores Víctor Bogado (ANR) y Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), acusados hace cinco y tres años, respectivamente. Los “parlasurianos” Enzo Cardozo (PLRA) y Milciades Duré (PLRA) siguen impidiendo ser juzgados desde hace cuatro años, en tanto que el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) –contrabandista confeso– hace lo mismo desde 2016. Más recientes son los casos de los diputados Carlos Portillo (PLRA) y Tomás Rivas (ANR), y del...
La experiencia indica que el ejercicio abusivo del derecho puede ser muy útil para quienes se saben culpables de los hechos punibles que se les atribuyen. Una de las artimañas más empleadas es la de recusar a los agentes fiscales y luego apelar su confirmación ante la CSJ, confiando en que los ministros no se tomarán la molestia de resolver la cuestión cuanto antes. Es decir, si a los reiterados incidentes dilatorios se suma la morosidad habitual, se puede confiar en posponer el juicio hasta las calendas griegas, razón por la cual es plausible que la diputada Rocío Vallejo (PPQ) haya...
Lo importante es que la iniciativa mencionada propone que el agente fiscal recusado continúe en la causa mientras se tramita la recusación, y que lo resuelto por la máxima instancia del Ministerio Público sea inapelable. Así como funcionan actualmente las cosas, basta con plantear una recusación, por más disparatada que sea, para lograr apartar, por de pronto, a un agente fiscal que será reemplazado por otro no interiorizado en el asunto, hasta que alguna vez se resuelva el incidente, en la mayoría de los casos con la confirmación del recusado. Pero ya se habrá conseguido el resultado...
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