El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), su esposa Patricia Corvalán -actual intendenta de Quyquyhó- y sus principales operadores les cuesta al Estado G. 1.760 millones por año. El legislador tiene cinco pedidos de desafuero, pero es blindado por sus colegas.
El diputado tiene un largo historial por violencia física y supuesta malversación, pero sigue gozando de la impunidad que le brindan la mayoría de sus colegas al no tratar los cinco pedidos de desafuero que pesan en su contra para que pueda someterse los procesos judiciales.
Samaniego y su esposa, la actual intendenta de Quyquyhó están imputados junto con otras 21 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. Los ilícitos se habrían cometido durante la gestión de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre los años 2011 y 2017. Entre estos imputados se encuentran el actual concejal de Quyquyhó Carlos Bareiro; la esposa del concejal, Ruth Medina Yegros, y el actual director de Conatel, Andrés Arrúa.
La nueva incorporación del clan Samaniego es Carlos Fabián Bareiro Medina (18), hijo del concejal Bareiro, quien sin título ya está en la Itaipú Binacional desde enero con un salario de G. 3.758.000.
s, esposa del concejal, está como técnica en el Poder Judicial con un salario de G. 5.700.000; su hermana Teresita Medina Yegros es actual concejal departamental de Paraguarí con un salario de G. 7.000.000. Teresita tiene antecedentes de violencia durante las elecciones en Paraguarí. La otra cuñada del concejal Bareiro, Yessica Medina Yegros, ocupa el cargo de directora del Centro de investigación ganadero en Barrerito (Paraguarí) con un salario de G. 5.964.000.
Leer la nota completa en Diario ABC
