Una serie de documentos judiciales y testimonios revelan una densa trama de irregularidades dentro del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay (CDAP), una institución clave en el comercio exterior del país. Conversamos con uno de los principales testigos el socio aduanero Julio Rojas y respaldada por múltiples presentaciones ante el Ministerio Público, apunta directamente a la gestión del CDAP, al que acusa de malversar cifras millonarias sin control institucional y con presunta complicidad de sectores políticos y judiciales. En una carta personal dirigida a la fiscala Diana Laterza, responsable de la causa penal N.º 2462/2024, el denunciante Julio Rojas expresó su profunda preocupación por la lentitud del proceso judicial y la falta de avances concretos. En el escrito, Rojas recurre a sus raíces compartidas con la fiscala —ambos oriundos del barrio Chacarita— para apelar a su sentido de justicia y compromiso ético. “Solo pedimos honestidad”, escribe Rojas, reclamando que la fiscalía actúe con firmeza, imponga medidas restrictivas contra los directivos señalados y salve el nombre de su querida Chacarita, hoy golpeada por el crimen y el narcotráfico.
Una serie de documentos judiciales y testimonios revelan una densa trama de irregularidades dentro del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay (CDAP), una institución clave en el comercio exterior del país.
La denuncia, es impulsada Vidal Garay. Conversamos con uno de los principales testigos el socio aduanero Julio Rojas y respaldada por múltiples presentaciones ante el Ministerio Público, apunta directamente a la gestión del CDAP, al que acusa de malversar cifras millonarias sin control institucional y con presunta complicidad de sectores políticos y judiciales.
Rojas, quien es socio del Centro, relata la existencia de una estructura de corrupción interna que manejaría importantes sumas de dinero fuera de los mecanismos legales y con un manto de protección a nivel estatal. Según su testimonio, el CDAP se habría transformado en una organización con fines de lucro, operando al margen de los principios de transparencia y legalidad que rigen las instituciones públicas.
La denuncia describe una presunta mafia institucionalizada, donde los fondos recaudados por el Centro estarían siendo utilizados para financiar intereses privados. La causa se complejiza aún más ante las demoras judiciales, la falta de avances en la investigación y los intentos sistemáticos de ocultar pruebas.
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