Cuatro exfuncionarios de seguridad de la Dinac, afrontarán juicio oral y público, así lo decretó el juez Osmar Legal. Los mismos, aprovechando sus cargos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi habrían facilitado el tránsito y la salida del país, mediante distintos vuelos, de sustancias ilícitas. En este caso, también hay una supuesta mula que será juzgada.
Tras finalizar la audiencia preliminar este lunes último, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 423, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, elevó a la instancia de juicio oral y público la causa “Eliana Beatríz Cardozo Ramírez y otros s/Ley 1881/2002 Que modifica Ley 1340 (Ley n° 6379 Crimen Organizado)”, en el marco del caso denominado . El Ministerio Público está representado por el fiscal Osmar Segovai, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
En dicho proceso penal fueron acusados el exgerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández, el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter, la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez y el también gerente de seguridad aeroportuaria Luis Alberto Servián Zárate.
El magistrado también rechazó varios incidentes planteados por las defensas, como el cambio de calificación y aplicación del procedimiento abreviado, así como el incidente innominado de solicitud de desgravación, nulidad de la acusación , pedido de sobreseimiento provisional, así como el levantamiento de la inhibición y embargo sobre los bienes de los procesados. También, mantuvo la prisión preventiva para todos los acusados.
A los cuatro ex funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), se les acusa de haber facilitado la remisión de sustancias estupefacientes al exterior del país, la realización por parte de funcionarios encargados de de la prevención de delitos establecidos en la Ley N° 1340/88 y asociación criminal. En este aspecto, por los hechos señalados, los procesados se exponen a una pena de hasta 25 años de prisión.
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