AREGUÁ. El abogado Andrés Casati asumió el viernes la defensa del gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, quien fue imputado por varios hechos punibles en la ejecución del fondo de emergencia sanitaria por COVID-19. Debido a una supuesta enemistad y una recusación planteada por el letrado contra el juez José Agustín Delmás en el caso “Clan Ferreira”, el magistrado está obligado a inhibirse por orden de la Cámara de Apelaciones en todas las causas donde intervenga el jurista.
El próximo juez en Delitos Económicos es Humberto Otazú, quien intervendrá en el caso del gobernador de Central, Hugo Javier, quien tiene audiencia el próximo miércoles para la imposición de medidas.
González y otras 14 personas fueron imputadas por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, tras la existencia de varios indicios del supuesto desvío de unos G. 5.105 millones, parte del fondo de emergencia sanitaria por COVID-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia.
En comunicación con Andrés Casati, este confirmó que solicitó intervención alrededor del mediodía del viernes último, para el reconocimiento de su personería jurídica ante el juzgado Especializado en Delitos Económicos y en el Ministerio Público, en representación del gobernador Hugo Javier González.
Casati aseguró que no realizó ninguna otra diligencia, excepto solicitar el “acceso tanto al expediente como a la carpeta fiscal”, porque desconocen totalmente el contenido, explicó.
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