Un Tribunal de Apelación resolvió por mayoría confirmar la resolución del Tribunal de Sentencia que mantuvo la prisión preventiva del condenado Carlos Granada, procesado por los hechos punibles de acoso sexual, coacción sexual y coacción. La decisión ratifica el A.I. N° 1181 del 28 de noviembre del 2025, por el cual se rechazó la revisión […]
Un Tribunal de Apelación resolvió por mayoría confirmar la resolución del Tribunal de Sentencia que mantuvo la prisión preventiva del condenado Carlos Granada, procesado por los hechos punibles de acoso sexual, coacción sexual y coacción. La decisión ratifica el A.I. N° 1181 del 28 de noviembre del 2025, por el cual se rechazó la revisión de medidas solicitada por la defensa y se dispuso la continuidad de la medida cautelar.
La defensa, a cargo del abogado Álvaro Arias, sostenía que su representado ya había compurgado la pena mínima prevista para los delitos atribuidos, alegando que el tiempo cumplido tanto en prisión preventiva como en arresto domiciliario debía ser computado para efectos de dicho cálculo. Argumentó que la negativa del Tribunal de Sentencia violaba principios constitucionales y precedentes fijados por tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.
En su escrito recursivo, Arias planteó que la privación de libertad bajo arresto domiciliario constituye una forma de restricción equiparable a los fines del art. 69 del Código Penal, por lo que debía computarse para el cálculo de la pena mínima. Afirmó además que la decisión de primera instancia contradecía lo previamente resuelto por el Tribunal de Apelación en la misma causa respecto al compurgamiento, generando una contradicción interna en la línea jurisprudencial del proceso.
La querella adhesiva, representada por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Daniel, contestó el recurso señalando que el arresto domiciliario no constituye prisión preventiva y, por tanto, no puede ser considerado para el cómputo del plazo mínimo. Sostuvieron que Granada solo estuvo tres meses privado de libertad en un establecimiento penitenciario y que el tiempo transcurrido bajo arresto domiciliario no puede asimilarse a dicho régimen, de acuerdo con los artículos 19 de la Constitución Nacional y 252 del Código Procesal Penal (CPP).
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