Ayer surgía la noticia de que la Municipalidad de Asunción presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de Conajzar, por la cual esta autorizó el trabajo de la empresa privada iCrop para “regularizar” la situación de tragamonedas en locales comerciales. Pero no es la única que rechaza la injerencia de dicha institución. Capiatá y San Lorenzo también se oponen, alegando autonomía municipal.
Capiatá y San Lorenzo también rechazan injerencia de Conajzar en “regulación” de tragamonedas
CAPIATÁ. Los tragamonedas siguen funcionando prácticamente de manera descontrolada en Asunción y Área Metropolitana. Esta realidad se observa tanto en Capiatá como en San Lorenzo, donde las veredas fueron tomadas por estas máquinas e incluso, antes de la pandemia del covi-19 era común ver a estudiantes menores de edad “probar suerte” en los aparatos.
La empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña y contratada sin licitación por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en teoría tiene el “rol” de censar, catastrar y cobrar canon, para “regularizar” la situación de las máquinas tragamonedas. A través de sus “agencias” en numerosas localidades del país, subcontratadas para dicha función, llega a los locales comerciales que tienen estos aparatos y que no son salones exclusivos de juegos de azar.
En Capiatá y San Lorenzo es la misma “agencia” de iCrop la que al parecer pretende “fiscalizar” los comercios, según los datos recogidos en los locales. Se trata de la firma llamada “Lydia Ludic”.
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