Cancelación de obras en Franco es un retroceso que no debe ser minimizado - La Clave

Cancelación de obras en Franco es un retroceso que no debe ser minimizado - La Clave

La reciente cancelación de la segunda etapa de la Terminal Portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco representa un duro golpe para el desarrollo de la ciudad y pone en evidencia la injerencia de poderosos sectores privados en las decisiones del Gobierno Nacional. El Ministerio de Obras Públicas y […]

La reciente cancelación de la segunda etapa de la Terminal Portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco representa un duro golpe para el desarrollo de la ciudad y pone en evidencia la injerencia de poderosos sectores privados en las decisiones del Gobierno Nacional.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha decidido redirigir los USD 9 millones destinados a esta infraestructura a otros proyectos menores en el departamento, ignorando el impacto negativo que esta medida tendrá en la operatividad del Puente de la Integración. Esta decisión, lejos de ser un simple ajuste presupuestario, responde a intereses empresariales que buscan debilitar la presencia del Estado en el sector portuario para favorecer a operadores privados.

Las sospechas recaen sobre el ministro de Industria y Comercio, Francisco Giménez, ex presidente de la Cámara Paraguaya de Puertos Privados, quien junto con su entorno habría maniobrado para frenar la expansión de la ANNP y así abrir espacio para la instalación de puertos privados en la zona. De confirmarse estas versiones, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias de altísimo nivel, donde las autoridades nacionales han decidido ceder ante la presión empresarial en perjuicio de los intereses del país.

El impacto de esta decisión no solo afectará la competitividad de la ANNP, sino que también significará una drástica reducción en la capacidad operativa de la terminal, pasando de 1.500 a apenas 500 camiones. Esto se traducirá en una menor recaudación para el Estado y los municipios, debilitando el desarrollo local y generando un grave precedente en la gestión de los recursos públicos.

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