Unas 200 personas se manifestaron contra las magistradas Ana Giménez y Jorgelina Melgarejo, quienes otorgaron medidas cautelares a los brasileños que poseen títulos presuntamente falsos.
Unas 200 personas se reunieron ayer frente al local del juzgado en lo civil y comercial para manifestarse contra las magistradas Ana Giménez y Jorgelina Melgarejo, quienes fueron las que otorgaron medidas cautelares a los brasileños que con títulos supuestamente falsos iniciaron sendos juicios contra los campesinos.
Los abogados Antonio Recalde y Princesa Sanabria habían solicitado el rechazo de las medidas cautelares solicitadas, debido a que los accionantes no presentaron la contracautela, pero sus pedidos no tuvieron eco, según la denuncia. “El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra nos dio nuestros certificados de ocupación y adjudicación, pero nuestros compañeros fueron echados de sus tierras porque en el juzgado no reconocen nuestros documentos y en el Indert nos dicen que ellos son solo administrativos”, afirmó Cristian Sánchez, presidente de la comisión vecinal de Santa Lucía.
Sánchez afirmó que la institución tardó varios años para autorizar una asamblea y hace 15 días quitó la resolución que reconocía la comisión vecinal. En ese contexto, hace una semana que la Justicia ordenó al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional para que resguarde a los sojeros, para cosechar los cultivos en las tierras que habían sido entregados a los campesinos de Santa Lucía. “Venimos a repudiar a la jueza”, afirmó Sánchez. La comunidad resolvió resistir ante la situación que están pasando y el abandono por parte del Indert, según las denuncias.
IRREGULARIDADES. En el año 2014 un grupo de 555 familias de carperos asentados en el distrito de Ñacunday, había sido reubicado en la colonia Santa Lucía de Itakyry, situada a unos 150 kilómetros al noroeste de Ciudad del Este, en el Alto Paraná.
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