El lamentable caso del niño de seis años baleado por policías que persiguieron a una familia, que evitó pasar por una barrera de control, reaviva la poca preparación profesional de las fuerzas de seguridad y la vigencia de una cultura represiva, que alientan la modalidad del gatillo fácil. Expertos en Derecho coinciden en que hubo un procedimiento arbitrario y la justificación del ministro del Interior fue desafortunada. En la actual situación de pandemia, el respeto a los derechos humanos y al sistema legal vigente resulta imprescindible. Urge revertir la mentalidad heredada del régimen tiránico que sigue alentando la brutalidad policial.
Aunque puede ser cuestionable la actitud de Ricardo Riquelme, el ciudadano que conducía su automóvil en la noche del sábado junto a su esposa y sus dos hijos pequeños, quien retrocedió su vehículo al ver una barrera policial, que según él estaba instalado en un lugar inhóspito y con pocas luces sobre la ruta entre Luque y San Lorenzo, y que por temor a ser víctima de coimas o extorsión trató de alejarse para evadir el control. Nada y desde ningún punto de vista justifica la persecución a balazos ni disparar a matar contra ocupantes de un auto que no eran una amenaza violenta contra miembros...
En una serie de declaraciones de expertos en Derecho publicadas ayer por este diario, varios abogados coinciden en que no pasar por una barrera policial no constituye un delito.
El ex fiscal José Casañas Levi, al igual que los abogados Jorge Vasconcellos y Jorge Rolón Luna destacan que la propia imposición de barreras policiales en la vía pública constituye un procedimiento irregular e ilegal, ya que no existen leyes que las amparen. Por el contrario, la respuesta de los policías en perseguir a balazos a ciudadanos fue una actitud criminal y una violación total de los procedimientos establecidos en los protocolos policiales.
Lo trágico es que el episodio del sábado pasado no constituye un hecho aislado.
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