Las llamativas absoluciones en juicio oral de acusados por un perjuicio de unos G. 12.326 millones al Ministerio de Salud y la Secretaría de Emergencia Nacional fueron anuladas por dos Tribunales de Apelaciones. Los jueces solo valoraron las pruebas que favorecían a los procesados, sostuvieron los camaristas.
En el Acuerdo y Sentencia Nº 15 del 24 de abril pasado, los camaristas Bibiana Benítez, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez anularon la sentencia número 284 del 20 de agosto de 2018, dictada en juicio oral por las magistradas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Fernanda García de Zúñiga. Las juezas absolvieron a los acusados José María Ruiz Díaz y Federico Fabián Gill, al declarar no probado el hecho punible de lesión de confianza por el perjuicio de G. 9.845 millones a Salud.
El fiscal Luis Piñánez apeló la sentencia por incongruente. Resaltó que las juezas no consideraron numerosos testimonios que confirmaron el daño patrimonial, como igualmente las conclusiones de una auditoría.
“De las constancias de autos se desprende que al momento de valorar las pruebas, el Tribunal de Sentencia refiere haber formado su convicción respecto a la reconstrucción de los hechos según el caudal probatorio ofrecido por las partes. Sin embargo, se advierte que las juezas formaron su razonamiento basándose en testimoniales que en su mayoría fueron ofrecidas por las defensas y en especial en la nota remitida por el entonces ministro de Salud, Carlos Morínigo, en la cual se expresó que dicha cartera no sufrió perjuicio patrimonial en la licitación cuestionada. Empero, el Tribunal obvió...
Los magistrados de segunda instancia enfatizaron que las juezas efectuaron una “valoración fragmentaria, parcelaria o segregada, limitándose incluso a efectuar una simple transcripción de los testimonios considerados, sin exponer las razones fundadas por las cuales le han dado suficiente credibilidad a algunas y no así a las que se contraponen con la conclusión a la que han arribado”.
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