La Cámara de Apelaciones será la que defina una cuestión de forma que pone en jaque las pretensiones de enviar a la cárcel al extitular de la Dinac Édgar Melgarejo.
En el caso conocido como “tapabocas de oro”, en el que se aprovechó la crisis sanitaria para que bajo la administración de Melgarejo se compren mascarillas N95 a G. 29.000 cada una, se da un cruce entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. En el medio se utiliza la disposición de la Corte Suprema de Justicia de realizar notificaciones por telemática (medios técnicos) que se utiliza en medio de la crisis sanitaria y la cuarentena por el covid-19.
El juez penal de garantías Rolando Duarte fue el que dispuso el arresto domiciliario de Melgarejo Ginard el día que se conoció la imputación fiscal y el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.
Esto fue el viernes 1 de mayo y el magistrado dijo a periodistas apostados en el Palacio de Justicia que la notificación se realizó a través del mensaje vía telefónica, de acuerdo al informe del actuario.
Si esto se tiene en cuenta de manera tal, la Fiscalía tenía plazo para apelar hasta el pasado miércoles 6 de mayo porque son cinco días corridos.
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