Una Cámara de Apelación confirmó la desestimación de la denuncia contra integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) correspondiente al periodo 2020-2021. Esto en la causa en la que se denunció un perjuicio de Gs. 40.455.626.413 por la postura de allanarse a una demanda promovida por la Corte Suprema de […]
Una Cámara de Apelación confirmó la desestimación de la denuncia contra integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) correspondiente al periodo 2020-2021. Esto en la causa en la que se denunció un perjuicio de Gs. 40.455.626.413 por la postura de allanarse a una demanda promovida por la Corte Suprema de Justicia, vinculada a la rendición de cuentas por la venta de materiales de uso notarial.
La denuncia fue presentada contra el expresidente del CEP, Jorge Augusto Miller Donna, así como contra el abogado Juan Claudio Gaona, en su carácter de apoderado de dicha institución y otros miembros de la comisión. La decisión fue adoptada tras analizar el recurso de apelación general promovido por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de los exintegrantes de la directiva anterior del gremio, quienes denunciaron un supuesto perjuicio patrimonial.
En primer término, el Tribunal declaró su competencia para intervenir, señalando que los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de la competencia especializada, dada la relevancia económica del monto mencionado y la normativa vigente. Asimismo, consideró que el recurso interpuesto cumplía con los requisitos legales en cuanto a forma y plazo, declarando su admisibilidad para su estudio.
El conflicto se originó a partir del A.I. N° 158 del 05 de junio del 2025, por la cual el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia admitió el requerimiento fiscal N° 90 de octubre del 2024, presentado por el fiscal Silvio Corbeta, quien solicitó la desestimación de la denuncia formulada por exintegrantes del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos. Dicho requerimiento concluyó que no existían elementos típicos, subjetivos ni antijurídicos que permitieran sostener una sospecha razonable de la comisión del hecho punible de lesión de confianza.
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