Representantes de la firma Barcos SA buscan apoyo de la Policía Nacional para atropellar una propiedad privada, en Mayor Otaño. En la jefatura policial de Itapúa presentaron una orden judicial fenecida para impulsar una orden de desalojo.
El 11 de marzo último, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente, con matrícula profesional número 832, presentó una nota en la jefatura departamental de la Policía Nacional en Itapúa solicitando respaldo para realizar un desalojo dentro de una propiedad privada, en Mayor Otaño.
El oficial de justicia Lafuente presentó ante la jefatura departamental la copia de una orden judicial fechada el 3 de agosto de 2020, firmada por el juez Miguel Angel Riquelme, donde se intima el desalojo de un inmueble perteneciente a inversionistas alemanes.
El mandato judicial establece en forma expresa una validez de 30 días. Al respecto dice: “El presente mandato tendrá una validez de 30 días a partir de su retiro de la secretaría”. El documento tiene fecha 3 de agosto de 2020 y carece de valor alguno.
El oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente pretende respaldo policial para dar cumplimiento a una orden caduca, en representación de la firma Barcos SA, cuyos directivos pretenden tomar posesión de la propiedad de la familia Kaufmann Reymann, legítimos propietarios de un inmueble de 1.000 hectáreas en el distrito de Mayor Otaño, utilizando un título de propiedad falso.
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