El gobierno de Lula considera que las instituciones paraguayas están corrompidas por grupos criminales. Entre los extraditables hay dos militares paraguayas. Los antecedentes que preocupan a Brasil.
��El gobierno de Lula da Silva quiere llevar a la Justicia de Brasil a diez de los 16 detenidos paraguayos en el megaoperativo que acaba de desmantelar una red internacional de tr����fico de armas que prove����a al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos organizaciones criminales m����s grandes del pa����s vecino. La penetraci����n de los grupos vinculados con las actividades il����citas en las instituciones de Paraguay, incluido el sistema judicial, convencieron a las autoridades brasile����as de la necesidad de juzgar a los sospechosos bajo su propia ley.
A finales de octubre, Fl����vio Dino, ministro de Justicia y Seguridad de Brasil y hombre de confianza de Lula, aterriz���� en Asunci����n para firmar un acuerdo bilateral contra la corrupci����n, el crimen organizado y el lavado de activos. Al momento de concretar el convenio, el Operativo Dakovo ya estaba en marcha, pese a que no hab����a trascendido de forma p����blica.
El secretismo en torno a los allanamientos respond����a a posibles filtraciones que, de todas maneras, se dieron. La fuga de Diego Dirisio, due����o de la empresa International Auto Supply (IAS), encargada de importar las armas desde Europa del Este, y su pareja, Julieta Nardi, es una muestra de la fragilidad en torno a la operaci����n.
Seg����n confirm���� LPO, Brasil solicit���� la extradici����n de Eliane Marengo y Mar����a Mercedes, que trabajaban para IAS, los traficantes Aldo Cantero C����ceres, Manuel Antonio G����mez Ojeda, Arnaldo Andr����s Cubas Cantero y ����ngel Antonio Flecha Barrios y dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Paraguay, la capitana Josefina Cuevas, exjefa de control de la Direcci����n de Material B����lico (Dimabel), y la teniente Cinthia Maria Turro Braga, que se desempe����aba como asesora jur����dica del Registro Nacional de Armas.
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