Una jornada que comenzó con insultos, gritos y enfrentamientos entre senadores, dejando una imagen degradada del debate político, terminó con la mayoría cartista evitando una destitución que debía ser ejemplar, en un nuevo episodio de blindaje que refuerza la percepción de impunidad.
La polémica por la adjudicación de una vivienda del MUVH al senador Javier "Chaqueñito" Vera terminó este miércoles en una escena que condensó varias de las peores prácticas de la política: cuestionamientos por presunto tráfico de influencias, sospechas de favoritismo en el acceso a programas estatales, acusaciones cruzadas, insultos en plena sede legislativa y, finalmente, una mayoría cartista y aliada que bloqueó la pérdida de investidura del legislador. El episodio dejó al descubierto no solo el costo político del caso, sino también el deterioro del debate en la Cámara Alta.
La controversia venía escalando desde días atrás, cuando se conoció que Vera accedió a un departamento en el edificio Las Residentas I, en Luque, dentro del programa de Viviendas Económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. El inmueble fue adjudicado por G. 370 millones, con financiación a 20 años y tasa del 7%, en un proceso que el oficialismo defendió como legal, pero que para la oposición representó un caso evidente de uso indebido de influencias y un desvío del espíritu de un programa pensado para ampliar el acceso a la vivienda.
Un antecedente que ya marcaba el clima político fue la resolución aprobada el martes en Diputados, donde incluso con acompañamiento amplio se instó a dejar sin efecto adjudicaciones cuestionadas del mismo proyecto, incluyendo la de Chaqueñito, la del hermano y el sobrino de la senadora Zenaida Delgado, y la del secretario privado del propio ministro Juan Carlos Baruja. Esa señal de la Cámara Baja no tuvo fuerza vinculante, pero sí anticipó que el escándalo ya había traspasado la frontera entre oposición y oficialismo.
Baruja acudió este miércoles ante el Senado para explicar el proceso de adjudicación y sostener que todo se hizo dentro de la normativa. Su principal línea de defensa fue distinguir entre viviendas sociales y viviendas económicas: las primeras, destinadas a sectores vulnerables; las segundas, orientadas a trabajadores formales del sector público y privado. También afirmó que el proyecto fue publicitado, que hubo 80 interesados, 18 ofertas y que las adjudicaciones se sustentan en reglamentos vigentes.
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