A casi un año de presentarse la denuncia ante la Fiscalía contra quien hasta anoche fue senador, Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), no se designó todavía un fiscal que lo investigue. Esta semana se argumentó que la Contraloría General de la República no respondió aún a sus requerimientos, pero esa instancia remitió la declaración jurada del legislador hace un mes.
La abogada Esther Roa denunció a Dionisio Amarilla en julio del año pasado, luego de que ABC publicara el modo en que crecieron los bienes del senador.
En setiembre de 2018, la Fiscalía anunció que abría una investigación contra el legislador por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sin embargo, un mes antes, el 6 de agosto, la fiscala adjunta Alba Cantero remitió a la Contraloría General un pedido de informes en el cual considera que “no existe mérito suficiente” para “la intervención del Ministerio Público”.
En la nota, Cantero solicitó a la Contraloría que informe sobre los bienes declarados por Amarilla y si estos se corresponden con sus ingresos legítimos. Al momento de la solicitud, la esposa del legislador, Analy Valiente, era directora de Declaraciones Juradas en la Contraloría.
Tras el cambio de contralor general, Valiente fue destituida el 30 de abril. El 8 de mayo, el nuevo contralor, Camilo Benítez, respondió a la Fiscalía, remitiendo la declaración jurada del exsenador, expulsado anoche.
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