La posibilidad de que abrir discrecionalmente la pensión para adultos mayores, un subsidio que se da actualmente a casi 200.000 personas en situación de pobreza, podría generar que solamente el próximo año el Estado destine unos US$ 400 millones en ello.
La pensión para adultos mayores actualmente está limitada a personas por encima de los 65 años en situación de pobreza, es decir, que no cuenten con ninguna otra pensión o ingreso. Sin embargo, existen ciertos sectores que plantean que se elimine el requisito de los ingresos de los beneficiarios, lo que estiman implicaría duplicar la cantidad de beneficiarios actuales y el costo de esto para el Estado.
El director de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda, Juan Ángel Álvarez, indicó que actualmente tienen cerca de 192.000 personas beneficiarias activas, que reciben esta ayuda del gobierno consistente en el 25% del salario mínimo vigente, es decir, poco más G. 528.000 al mes.
Aclaró que el criterio actual es que las personas que no figuren cobren un salario del Estado u otras ayudas. Si se eliminan estos criterios y se hace discrecional la entrega de las pensiones por el simple hecho de cumplir 65 años, el mismo calcula que la cantidad de dinero requerido - que sale de los impuestos- se debe duplicar.
Alvarez comentó que al año unas 400.000 personas cumplen la edad requerida, y calculando algunas personas que podrían ser excluidas dependiendo de los criterios que dejen, igualmente habría más de 200.000 personas que se sumarían como beneficiarias, lo que implicaría duplicar los US$ 200 millones que actualmente invierte el Estado en dicho aporte.
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