La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, a fin de solicitar que, a través de una auditoria del Poder Judicial, se examine el estado de los procesos que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) en dicha institución.
El pedido de auditoría se debe a que el Ministerio de Trabajo posee 536 procesos laborales abiertos pendientes de cobro en el Poder Judicial, que equivalen a la suma de G. 36.700 millones, en concepto de multas a empresas por incumplimiento de derechos laborales. En ese sentido, la Dirección General Jurídica del Poder Judicial ya presentó urgimientos en estas causas que hasta el momento están paralizadas en esa institución.
Bacigalupo, recordó además, que a través de un convenio de cooperación con el Poder Judicial, los magistrados y jueces pueden acceder a toda la base de datos del Ministerio de Trabajo y de esta manera agilizar los procesos laborales.
“Con este mecanismo lo que queremos es poder simplificar los trámites judiciales para tener un acceso rápido a la justicia y así velar por la protección de los trabajadores y las trabajadoras en sus distintas dimensiones, garantizando el respeto de sus derechos, especialmente de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad”.
Mediante el acuerdo, la Corte Suprema de Justicia asumió el compromiso de simplificar los trámites judiciales, contribuyendo a la disminución de la mora judicial, también la implementación de la tecnología para la efectividad y la facilidad en los procesos, y finalmente al control de la defensa de los derechos humanos.
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