El Ministerio Público pidió el rechazo de la acción de inconstitucionalidad pretendida por el abogado Carmelo Caballero, condenado por tráfico de influencia por su participación en el esquema de Óscar González Daher.
El dictamen sostiene que la acción de inconstitucionalidad presentada por el procesado no cumple con los requisitos, ya que en el proceso no se ha vulnerado ninguna garantía del procesado.
Agrega que se pide el rechazo de la acción presentada por Caballero, ya que la naturaleza de la acción debe sujetarse a las exigencias de las normas procesales correspondientes. Por ende, su presentación no puede ser caprichosa o simplista.
Es importante advertir que la acción de inconstitucionalidad apunta esencialmente a determinar si se han observado las garantías del debido proceso, representadas por el cumplimiento del ejercicio de la defensa en juicio, de los principios de contradicción, bilateralidad, entre otros.
También cabe destacar que, para plantear una acción de inconstitucionalidad dirigida contra las resoluciones judiciales, la vulneración de algún principio o norma constitucional que invoque el impugnante debe ser clara y concretamente producida en el pronunciamiento judicial en un caso concreto.
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