La municipalidad publicó, forzada por un fallo judicial, una serie de documentos cuyas copias había denegado a la candidata a intendente Johanna Ortega (Alianza Asunción para Todos), violando la ley de libre acceso ciudadano a la información pública. La peticionante promovió un juicio de amparo sobre el uso de los 21.000 millones de guaraníes presupuestados en 2020 para la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Se ha evidenciado así que la renuencia del intendente en funciones César Ojeda (ANR) obedecía, como era presumible, a que tenía mucho que ocultar de la gestión de su antecesor y correligionario Óscar “Nenecho” Rodríguez, hoy de nuevo candidato al cargo. Es que los contratos adjudicados revelan que la administración actuó discrecionalmente, al margen de la ley, en notorio perjuicio del patrimonio municipal y de la atención sanitaria de los pobladores.
La municipalidad capitalina se obligó a publicar una serie de documentos cuyas copias había denegado a la candidata a intendente Johanna Ortega (Alianza Asunción para Todos), violando la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Lo hizo forzada por un fallo del Tribunal en lo Laboral, que confirmó uno de primera instancia favorable a la peticionante, en un juicio de amparo que promovió con respecto al uso de los 21.000 millones de guaraníes presupuestados en 2020 para la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Se ha...
La contratación directa debía ceñirse al procedimiento previsto en la Ley Nº 2051/03, que incluye la invitación por escrito y a través del sistema de información de las contrataciones públicas a por lo menos tres potenciales oferentes, salvo que ello sea imposible por el tipo de bienes o servicios o por los fines perseguidos. Puede suponerse, muy generosamente, que las invitaciones fueron cursadas, pero no así que las ofertas hayan sido aceptadas en todos los casos por provenir de personas físicas o jurídicas que tenían “la solvencia técnica, económica y legal suficiente” para responder a...
El art. 40 impide que presenten ofertas y contraten con las municipalidades las personas físicas o jurídicas inhabilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero Grimex SA se ganó un contrato, pese a estar inhabilitada por haber dado información falsa; la firma Don Manuel, también proveedora de kits de alimentos, sufrió dicha sanción a los dos meses de haber sido adjudicada, lo que revela que tampoco era muy confiable. Cierta familia Cano parece gozar del aprecio de Nenecho, pues celebró seis contratos por una suma global de 2.086.522.150 guaraníes, a través de La...
Estos datos bastan para tener una idea de las “desprolijidades” –por no decir “sinvergüencía”– de la administración municipal, siendo de temer que en los próximos días surjan otras que expliquen aún más por qué César Ojeda se había negado a entregar la información pública solicitada. Como la Ley Orgánica Municipal (LOM) ordena que el intendente requiera el dictamen del director jurídico antes de suscribir cualquier contrato, sería bueno conocer el emitido por el Abog. Benito Torres en cada uno de los casos mencionados: la LOM no lo califica expresamente de información pública reservada.
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